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23 Ago

Los pasados días 1, 2 y 3 de agosto, Sustentarse participó en el primer encuentro presencial del Grupo de Trabajo Regional sobre Transición Energética Justa, llevado a cabo en la Ciudad de México. El encuentro congregó a gran cantidad de organizaciones de América Latina que buscan posicionar del debate de la Transición Energética como una necesidad urgente para la región, y abordarlo desde una mirada comprehensiva sobre todos los desafiós y complejidades que una transición justa representa. En ese sentido se hizo hincapié de forma unánime que existe una disputa de narrativas sobre este concepto, ya que no cualquier transición energética sería justa y con perspectiva intersecional, considerando que el gas natural sigue siendo catalogado como combustible de "transición" en algunos países, y que no siempre la generación de renovables es sustentable para el medio ambiente ni respetuosa de los derechos humanos.

Los principales ejes temáticos giraron en torno a combustibles fósiles y desfosilización, minerales para la transición y energías renovables e hidrógeno. Como miembros de la Coalición de los Derechos Humanos en el Desarrollo, Sustentarse será parte del subgrupo de trajajo para elaborar una campaña, en donde se tomarán definiciones en torno a las propuestas surgidas en la asamblea en el encuentro presencial.

22 Jul

20 de julio de 2023

La Coalición Global de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible gana el Premio de Derechos Humanos de la ONU 2023. 

Naciones Unidas anunció con esta fecha a los ganadores de su Premio de Derechos Humanos 2023, destacando la importancia de la colaboración para avanzar en la protección del planeta y en el ejercicio de los derechos humanos. La ONU hizo presente que ninguna organización, movimiento o persona de manera individual habría sido capaz de lograr el reconocimiento del derecho universal a un ambiente sano, pero que una Coalición mundial diversa sí lo hizo realidad.

Maia Seeger, Directora Ejecutiva de Sustentarse señaló que “el principal premio para nuestra coalición fue haber logrado, hace un año, el reconocimiento formal del Derecho Universal a un Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible. El Premio que nos concede ahora Naciones Unidas permitirá amplificar y dar mayor visibilidad a una causa que la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos indígenas abrazan desde hace muchos años”.

El galardón será entregado en Nueva York el 10 de diciembre de 2023, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que dará un especial realce al reconocimiento.

 

CONTEXTO 

El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que reconoce el Derecho Universal a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible, gracias al trabajo e incidencia activa de la sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos sociales, comunidades locales y expertos jurídicos, así como al liderazgo de los gobiernos de Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, conocidos como el "Grupo Núcleo". La resolución fue adoptada en una votación histórica por el máximo órgano de las Naciones Unidas -la Asamblea General - el 28 de julio de 2022.

Casi un año después, la ONU reconoce el papel fundamental del trabajo de la Coalición en la promoción del reconocimiento del derecho a un ambiente sano. El Premio de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se concede cada cinco años, y es la primera vez que se otorga a una coalición global.

Ver el anuncio del Premio aquí

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06 Abr

Nos complace invitarle a asistir a un panel de discusión sobre las inversiones en energía renovable del Banco Mundial. El panel tiene como objetivo examinar críticamente las inversiones en energías renovables del Grupo del Banco Mundial y su papel en la transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables, y compartir las mejores prácticas y recomendaciones para el Banco.
El evento tendrá lugar en la Oficina BIC (1023 15th St NW #10,Washington, DC) el lunes 10 de abril de 9:30 a. m. a 11:00 a. m. EDT.
 
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15 May

Por Natalia Lueje

 

La urgente necesidad de descarbonizar la matriz energética en el marco de la crisis climática global, le ha conferido al capitalismo ahora “verde”, la oportunidad de seguir expandiendo sus fronteras creando nuevos polos de “desarrollo” de mega proyectos de inversión en Chile, en el sector de energías renovables -principalmente eólica y solar-, tributarios de la nueva vedette del mercado chileno, la incipiente industria del Hidrógeno Verde. 

La Región de Antofagasta es probablemente, la definición de un modelo de desarrollo rentista sobre la tierra que se puede denominar como extractivismo minero. Aparejada a esta actividad, desde los albores del Siglo XX se impulsó fuertemente la producción de energía en las costas del norte grande para el suministro de la electricidad necesaria para los procesos de extracción de cobre y otros minerales. Ya en 1915 emergió la primera termoeléctrica a carbón en Tocopilla de la Chilean Exploration Company de propiedad de la familia Guggenheim, para alimentar a la histórica mina de Chuquicamata en la pampa desértica. En Tocopilla se fundó el primer parque térmico de la región, al que se sumó, a principios del Siglo XXI el parque industrial en Mejillones, con ocho plantas termoeléctricas actualmente en operación*

Ahora, en un contexto global más restrictivo para el sector, las mismas empresas productoras de energía eléctrica alta en emisiones y contaminantes, impulsan fuertemente el sector de renovables y de hidrógeno en la región, en un nuevo ciclo de extractivismo energético “bajo en emisiones”, apoyado por el Estado de Chile y los Bancos Multilaterales de Desarrollo.

Chile representa y favorece a un modelo de transición energética corporativa y de acumulación por desfosilización**, respaldado por cuerpos legales y políticas sobre descarbonización y transición energética, como la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, que pretende posicionar al país como el principal productor de este combustible en América Latina y uno de los tres primeros en el mundo. Esto ha implicado que, en el último lustro, los parques eólicos y fotovoltáicos, las plantas desalinizadoras y las líneas de transmisión se hayan multiplicado de forma exponencial en la región, considerando que la producción del hidrógeno verde es muy intensiva en el uso de energía y agua, además de requerir otras inversiones en infraestructura como puertos, líneas de transmisión y ductos.

   La suerte de Tocopilla y Mejillones ya está  tristemente sellada, mientras que en la misma región una nueva oleada de proyectos de Transición Energética está invadiendo las localidades de Taltal y Paposo. Se construirán grandes puertos para embarcar el hidrógeno para abastecer al Norte Global ante la crisis de energía. Las comunidades locales no quieren que Paposo - Taltal se conviertan en un nuevo territorio sacrificado en la región como Tocopilla y Mejillones.

En las costas del norte grande existe un pueblo que ha habitado estos territorios por más de diez mil años; sin embargo el Estado de Chile desconoció su existencia en la Ley Indígena hasta su reciente “reconocimiento” en el año 2020, impulsado por lideresas como Brenda Gutierrez Almendares de la comuna de Taltal.

Estos son los Changos, los Camanchacas, los pescadores de la niebla, un pueblo originario ancestral dedicado a la pesca, el buceo, el marisqueo y la recolección de orilla. Un pueblo que ha cuidado y respetando los ciclos de la naturaleza y el mar, la MamaCocha. Un pueblo que exige reconocimiento y respeto, al que la Corporación Nacional Indígena no les resguarda  ni les garantiza sus derechos fundamentales, poniendo todo tipo de barreras administrativas y procedimentales para su acreditación. El principio de autorreconociempo por autodeterminación en Chile es un ámbito sombrío, poco conocido y que en la práctica tiene escasa aplicación legal. Esa ha sido la experiencia de los Changos que se expresa en el siguiente testimonio:

 

“Nosotros comenzamos la lucha por el reconocimiento el 2017, nos formamos cuatro agrupaciones, no para que nos dijeran que somos Changos, porque desde que nacimos supimos que éramos Changos. Tampoco para que el Estado nos diera una acreditación, si no que la lucha fue para cuidar y proteger el borde costero, el ecosistema, para cuidar la biodiversidad y dejarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos una tierra limpia, un mar limpio (...) Basta de tierras contaminadas, basta de mar contaminado, basta de aire contaminado, ya estamos cansados…” (Brenda Gutiérrez, dirigente social indígena y miembro de la Agrupación de Changos Vivientes de Taltal, 28 de abril de 2023).

 

Este es un contexto de vulneración histórica y permanente de derechos de un pueblo que, cuando menos, debería tener acceso a ejercer el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo consagra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en el año 2009. Lamentablemente la aplicación de este convenio es limitada e insuficiente, contradiciendo sus propios principios y permitiendo, una vez más, el despojo a los guardianes del mar, los Changos.

 

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Encuentro anual del Pueblo Chango de la Región de Antofagasta, playa de Cachinales, comuna de Taltal,  28 abril de 2023.

 

 *Las centrales termoeléctricas se emplazan en la costa con el fin de utilizar agua de mar como fuente de enfriamiento. La succión de agua de mar incluye larvas y una multiplicidad de especies marinas adultas, que luego son vertidas al mar como materia orgánica inerte. Las plantas desalinizadoras operan de modo similar, devolviendo además a los ecosistemas marinos los efluentes altamente salinos .

** Svampa, M y Bertinat, P.. (2020). La Transición Energética en Argentina. Siglo XXI editores.

 

15 Mar

Con motivo de la tercera evaluación de la República Popular China (RPC) realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas (ONU) este pasado febrero, una delegación de 11 organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y representantes de comunidades afectadas, junto al Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional, se hicieron presentes en Ginebra. Las organizaciones solicitaron al CDESC que recomiende a la RPC el respeto, protección y cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales relacionadas a los derechos económicos sociales, culturales y ambientales contenidos en el Pacto DESC y otros instrumentos de la ONU  firmados y reconocidos por China, por parte de las empresas y bancos estatales y semiestatales chinos en el contexto de los proyectos con participación china en América Latina.

El pasado enero, CICDHA y el ISHR presentaron al CDESC un informe que documenta los impactos de las actividades empresariales chinas en 14 proyectos promovidos en 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.El reporte demuestra vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, y varios derechos civiles y políticos, los cuales están protegidos por tratados, pactos y convenios de la ONU. Además, el reporte sostiene que “...China es uno de los mayores inversionistas en América Latina y que tiene una enorme responsabilidad de evitar los efectos negativos de los proyectos en los que participan sus empresas o que son financiados por sus bancos”

Todos los proyectos analizados se encuentran ubicados en zonas de alta conflictividad social, gran diversidad ambiental y cultural, en particular en territorios indígenas; es por este motivo que la evaluación del Comité DESC es crucial para el futuro de las inversiones y el financiamiento chino en la región”, señaló Marco Antonio Gandarillas, de Latinoamérica Sustentable, organización miembro del CICDHA.

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)  trabaja desde el año 2018 documentando casos e informando a varias instancias internacionales sobre el incumplimiento sistemático de las obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos de la RPC en las actividades empresariales que desarrolla en América Latina.

Durante el diálogo con representantes del Estado chino, que se efectuó el 15 de febrero, el presidente del CDESC, Michael Windfuhr, hizo eco de la preocupación de la sociedad civil al plantear las siguientes preguntas: 

“¿Qué tipo de reglamentación vinculante establece China para garantizar que las empresas estatales no sigan socavando los derechos humanos de la población en otros países? ¿De qué forma las víctimas de abusos de derechos humanos [por actores empresariales chinos que operan en el extranjero] pueden acceder a vías de recurso o mecanismos de quejas? ¿Cómo evalúan el impacto medioambiental, social y en los derechos humanos y cómo mitigan los riesgos y evitan los daños [del financiamiento y la cooperación internacional de China]?

En las Observaciones finales del 03 de marzo de 2023, el CDESC acogió varias de las sugerencias hechas por el CICDHA y expresó su preocupación “por la insuficiencia de las obligaciones legales de las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte para ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos” y recomendó a la RPC que garantice que las empresas y bancos en el extranjero “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los derechos territoriales de indígenas y campesinos y el impacto ambiental… y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para investigar y sancionar sus actividades lesivas”.

El CDESC también le pidió a la RPC que asegure que las víctimas de abusos tengan acceso a mecanismos de denuncia eficaces y a una reparación adecuada. Además, instó a la RPC a tomar medidas, en particular con empresas de extracción de materias primas y construcción de infraestructura, “para garantizar la responsabilidad jurídica de las entidades empresariales… en relación con las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de sus actividades en el extranjero”.

Las recomendaciones del CDESC contribuyen a presionar a la RPC para que establezca mecanismos para supervisar, investigar y sancionar abusos de derechos humanos de las actividades empresariales y financieras chinas fuera del territorio chino. Además, buscan que la RPC dicte políticas que obliguen a las empresas y financistas chinas a adoptar medidas de reparación, resarcimiento y remediación de los impactos actuales y a establecer mecanismos de control para evitar impactos futuros.

“Lograr que el Comité recomiende que se reconozca la responsabilidad jurídica de empresas y los bancos chinos frente a los abusos a los derechos humanos derivados de su operación en el extranjero, no solo constituye un avance de protección en el marco de las inversiones chinas, sino también en la garantía de los derechos humanos en cualquier contexto del capitalismo transnacional”, señaló Sofía Jarrín, de Amazon Watch - Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, organización miembro del CICDHA.

El CICDHA saluda las observaciones finales del CDESC, y considera que los resultados de la evaluación constituyen un avance sustancial hacia una mayor responsabilidad de China para con la protección del ambiente y las comunidades locales.

 

Son miembros del CICDHA

 
  • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina. 
  • Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia.
  • Brics Policy Center, Brasil.
  • Sustentarse, Chile
  • Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile. 
  • Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Ecuador.
  • CooperAcción, Perú.
  • Red Muqui, Perú.
  • Perú Equidad, Perú.
  • Latinoamérica Sustentable, LAS, regional.
  • Sistema de Alerta Temprana (SAT), regional.
  • Amazon Watch, regional. 
  

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